Una nueva Carta Puebla para repoblar el medio rural.

Por Luis del Romero Renau.

A las puertas de la segunda década del siglo XXI, uno de los problemas sociales más acuciantes del Estado español es la situación de crisis profunda de gran parte de
su medio rural. Pese a que este problema viene de largo -en algunos territorios dura ya más de un siglo y medio-,es en estos años cuando por fin comienza a tomarse conciencia de la magnitud del mismo. Esto se debe, simplificando mucho, a que las dinámicas de declive demográfico (envejecimiento, falta de actividad, emigración de población joven y mujeres y la consecuente espiral de cierre de servicios), ha repuntado en muchos lugares como consecuencia de la Gran Recesión que vivió España desde 2007 a 2014 y que aun hoy en día colea. Además, por primera vez en la historia, este tipo de dinámicas ya no solamente afecta a pequeñas poblaciones relativamente aisladas,o a territorios con economías poco competitivas, sino a cabeceras comarcales, poblaciones e incluso ciudades medias del interior. El relato de la necesaria modernización de la agricultura, la diversificación económica a través del turismo, y la mejora de infraestructuras y servicios para conseguir el ansiado desarrollo local ya no se sostiene en muchas poblaciones. Numerosas comarcas de comunidades
autónomas con buenas infraestructuras, economía diversificada incluyendo un sector agrícola y ganadero competitivo, o incluso un potente sector turístico e industrial, también pierden población.

El caso del País Valencià es muy esclarecedor en este sentido. Con casi cinco millones de habitantes, es la cuarta autonomía más poblada del Estado español, su capital autonómica conforma la tercera área metropolitana del país con casi un millón y medio de habitantes, y un territorio dinámico en sectores clave como el turismo, varias ramas industriales y la agricultura de cítricos. No obstante, también es reflejo de los enormes desequilibrios territoriales que caracterizan a la Península Ibérica. El 80% de su población reside en apenas el 20% del territorio, básicamente el litoral mediterráneo y las tres capitales de provincia. A poco más de media hora en coche de la ciudad de Valencia, existen espacios rurales como el caso del municipio de Dos Aguas, con densidades demográficas que apenas sobrepasan los tres habitantes por kilómetro cuadrado. El municipio vecino a Dos Aguas, Millares, de apenas 350 habitantes, ha perdido la mitad de su población en apenas dos décadas (CHECA, 2018). La despoblación se sitúa a las puertas del Área Metropolitana de Valencia, y a escasos 30 kilómetros del litoral.

Vista de Dos Aguas, población cercana al área metropolitana de Valencia, pero demográficamente regresiva. Fotografía. Luis del Romero.

Tradicionalmente se han identificado tres territorios dentro del País Valencià con problemas de declive rural, entendido éste como un territorio en el que concurren
dinámicas de envejecimiento demográfico, éxodo rural, escasa actividad económica, social y cultural y creciente aislamiento: básicamente las comarcas de interior de la provincia de Castellón, La Serranía y Rincón de Ademuz en la provincia de Valencia y la montaña alicantina. Hoy sin embargo el declive rural es un problema ascendente. Durante años diversos autores alertaron sobre el abandono total del hábitat disperso, la masía y todo el mundo que lo rodea (RONCERO, 2003; ALMERICH Y HERNÁNDEZ-
DOLZ, 2007; CEBRIÁN, 2014). Ya desde los años ochenta aparecen trabajos científicos y sobre todo periodísticos, que abordan el inexorable declive del modelo de masía en el territorio valenciano. No en vano, las primeras comarcas que empezaron a despoblarse ya a principios del siglo XX eran territorios con un importante número de masías, como L’Alcalatèn, Alt Maestrat, Alt Millars o Els Ports. Mientras el mundo de la masía y del hábitat disperso seguía su declive, éste comenzó a afectar a las cabeceras municipales, sobre todo a partir del gran éxodo de los años 60. Municipios enteros, sobre todo de montaña y con una base económica dedicada a la agricultura de secano,
la ganadería ovina y la silvicultura empiezan a vaciarse. Con el paso de los años, el éxodo rural se redujo, pero no así el envejecimiento de la población. Escuelas, comercios, cuarteles de la guardia civil, cines, bares y muchos otros servicios desaparecieron de decenas de municipios de las comarcas de interior. Mientras tanto las cabeceras comarcales y las poblaciones más importantes resistían o incluso aumentaban su censo, en gran parte debido al éxodo desde las poblaciones más pequeñas. Poblaciones como Chelva, Catí, Ademuz o la propia Morella crecen no porque atraigan a nuevos habitantes de otros territorios, sino porque en ellos se instalan habitantes procedentes de pequeños municipios de la misma comarca. En las últimas décadas, culminado el proceso de vaciamiento demográfico de un buen número de municipios que apenas cuentan con unas pocas decenas de habitantes censadas, que en muchos casos ni siquiera residen en ellos, el problema comienza a extenderse a las propias capitales de comarca y a poblaciones de varios miles de habitantes. El caso de Chelva es elocuente, pues en los últimos 15 años ha perdido más de 500 habitantes, un cuarto total del censo (INE, 2018). Aquí es donde más crudamente se observa hoy en día el drama de la despoblación. En los próximos años, si no se revierte esta tendencia, numerosos bares, comercios, escuelas y negocios instalados en estas cabeceras comarcales y poblaciones medianas cerrarán
sus puertas, lo que agudizará a su vez el declive rural.

En definitiva, el declive rural y la despoblación, tanto en Valencia como en el resto del Estado español, ya no solo afecta a áreas de montaña, sino a ciudades medias y áreas industriales y turísticas. En esta tesitura, toda política destinada a combatir la despoblación, debería centrarse en primer lugar en asegurar una calidad de vida mínima para que los habitantes que aun siguen viviendo en territorios en declive no marchen. En segundo lugar, se ha de abordar de manera decidida, ordenada y coordinada una política de repoblación del medio rural para evitar las nefastas consecuencias del abandono del territorio en términos de aumento de incendios forestales, pérdida de patrimonio y de tierras fértiles, solo por citar tres factores. Esta política de repoblación es lo que denominamos una “Nueva Carta Puebla”. Las cartas pueblas no eran sino un conjunto de privilegios que los nuevos señores feudales ponían en marcha para colonizar las áreas de reciente conquista: acceso a tierras, a casas y exenciones fiscales de todo tipo. Si fue mediante estos mecanismos que el medio rural, especialmente el montañoso, se fue paulatinamente repoblando, sería útil proponer unas nuevas cartas pueblas como un conjunto de mecanismos legales y de inversiones especialmente orientadas para aquellos municipios de urgente repoblación. Así, una Nueva Carta Puebla no sería otra cosa que una batería de normativas y acciones con el fin de repoblar el medio rural partiendo de dos principios básicos: discriminación positiva tras siglos de marginación, y un nuevo modelo de financiación de los territorios rurales todo ello con el fin último de convertir estos territorios en espacios de vida dignos y atractivos para nuevos y viejos pobladores. Esta carta Puebla debería abordar la repoblación de áreas rurales de manera coordinada, desde cuatro sectores básicos, en orden de importancia: la vivienda, la educación y cultura, el empleo y los servicios, para lo cual no solamente habría que reivindicar una acción coordinada por parte de las administraciones públicas, cosa que hoy estamos a años-luz de conseguir, sino también una implicación directa y clara del sector privado, en especial de la gran empresa, que además ha sido responsable primerísimo de la despoblación de numerosos territorios a través de políticas agrícolas, forestales y sobre todo hidroeléctricas (DEL ROMERO, 2018).

En primer lugar se debería poner en marcha un ambicioso plan de rehabilitación de vivienda que incentivase mediante ayudas, la rehabilitación de la vivienda rural. En las áreas rurales hay millones de viviendas vacías y sin uso, de manera que el incentivo a propietarios para que acometieran su restauración, siempre y cuando el fin sea su uso y no la venta, puede ser una vía para que muchos ciudadanos que hace décadas que habitan en la ciudad, se planteen la posibilidad de regresar, al menos temporalmente, a sus pueblos de origen. Son imprescindibles reformas legales y una mejor financiación de las haciendas locales para que éstas puedan intervenir en el parque de viviendas, muchas veces completamente degradadas abandonadas de muchos pueblos, bien mediante mecanismos de expropiación en casos extremos, o bien mediante
incentivos a la rehabilitación y venta.

Una segunda esfera básica en la que actuar es la educación. Si durante décadas se ha construido un imaginario colectivo y un sistema educativo que en el mejor de los casos no hacía mención alguna, cuando no despreciaba la riquísima cultura rural existente en el país, el cambio ha de provenir desde la misma educación. La Nueva Carta Puebla incluiría dos medidas básicas en este sentido: el reforzamiento de la figura del maestro rural y el fomento de una política cultural local. La primera medida va encaminada a revalorizar y promocionar la figura del maestro rural como actor clave en el medio rural. Es bien sabido que la mayoría de los maestros que cubren plazas en escuelas rurales están el tiempo mínimo antes de escoger otro destino en la ciudad, y ni siquiera suelen residir en la población en la que ejercen. El complemento de destino que todos los funcionarios reciben como parte de su salario, debería de modularse con un plus para los maestros rurales, es decir, que realmente fuera un complemento según el destino. Hay que pensar por ejemplo, que muchos maestros rurales han de recorrer bastantes
kilómetros con su propio vehículo para impartir docenciaen varias escuelas, lo cual es un agravio comparativo respecto al maestro que tiene la escuela enfrente de casa en
la ciudad y no ha de desplazarse. A esto ha de añadirse la necesaria creación de una política cultural local con dos vertientes básicas: un programa mínimo de actividades
culturales para todo el año, enfocado sobre la población local, más que sobre el turista o visitante, y por otro lado la introducción al menos en la enseñanza primaria, de contenidos sobre cultura, lengua, historia y tradiciones de cada territorio. De esta manera podría comenzar a revalorizarse en las generaciones más jóvenes, la percepción sobre el medio rural en el que viven y que hoy no aparece por ningún lado en los libros de texto.

En tercer lugar, una de las demandas más frecuentes de nuevos y viejos pobladores, es la falta de empleo en zonas rurales. Algunas medidas en este sentido sí han sido frecuentemente reclamadas pero pocas veces puestas en marcha: ventajas fiscales para autónomos en el medio rural, rebajas fiscales en impuestos como el IBI, pero sobre todo convendría adaptar el marco legislativo a la realidad de microempresas del medio rural en todos los aspectos de la actividad, en especial el sector agroganadero que se ve saturado muchas veces de burocracia y costes administrativos. A esto hay que añadir la importante oportunidad que se abriría si las propias administraciones autonómicas y del gobierno central incentivasen, o al menos permitiesen,
que sus trabajadores residieran en un medio rural trabajando algunas jornadas desde casa mediante internet. Incluso algunas administraciones que se dedican a la gestión del medio ambiente, del sector agrícola, silvícola,ganadero o la prevención de incendios, por poner algunos ejemplos, se podría plantear la posibilidad de su
traslado a alguna cabecera comarcal mucho más cercana con su objeto de trabajo. No tiene ningún sentido que en actualidad las capitales autonómicas concentren absolutamente todas las administraciones públicas, cuando al menos aquellas que trabajan sobre el medio rural, serían mucho más eficaces implantándose en este medio rural.

Finalmente, siguiendo un orden de prioridades de intervención, vendría la política de infraestructuras y servicios en el sentido más amplio posible del término. En este campo es donde hay un mayor consenso: la necesidad de mejorar las infraestructuras viarias, pero sobre todo la cobertura digital, o servicios básicos como la sanidad o la
educación. Está más que comprobado que tras el cierre de un colegio se acelera el declive de una población, o que las áreas en sombra, sin ningún tipo de cobertura para
móvil, imposibilitan el desarrollo de multitud de actividades que necesitan por lo menos un mínimo de comunicación digital. Un medio rural vivo y dinámico necesita tener
una red de centros de salud y de colegios de primaria con la mayor accesibilidad posible, siendo conscientes sin embargo de que es imposible mantener escuelas abiertas con dos niños, o centros de salud con un par de pacientes al día. Esta cuestión es sin embargo la menos complicada de abordar, puesto que depende casi completamente de la administración pública y de una serie de inversiones económicas, generalmente poco costosas. Sin embargo, al menos a lo que atañe a la red de telecomunicaciones, sí es vital la participación de grandes empresas privadas como Telefónica, que operan con la lógica única y exclusiva del beneficio económico, pese a tratarse de una antigua empresa pública estatal.

En un primer momento poner en marcha medidas y políticas dentro de estos cuatro ámbitos, poniendo de acuerdo a administraciones locales, autonómicas y del gobierno central, con empresas privadas y asociaciones, cada una de un signo político y con unos intereses distintos, y a veces incluso contrapuestos, parece una tarea imposible. Una posible conclusión de estas breves líneas sería calificar de utopía la posibilidad de una repoblación ordenada del medio rural, más allá de iniciativas locales, voluntaristas, pero de corto recorrido. Sin embargo, más allá del mundo de la gran política, de la lógica estricta del coste-beneficio, y de los problemas reales que tiene el medio rural en cuanto a falta de servicios, empleo o vivienda, existen multitud de iniciativas, todas ellas de pequeña escala y dependientes de un volumen de personas muy reducido, pero que sirven como demostración de que es posible desarrollar proyectos de vida “ a contracorriente”, incluso en las áreas rurales más apartadas y envejecidas. Nos referimos a la red de ecoaldeas que existe en España. Muchas de ellas no dejan de ser iniciativas de una o dos familias que se instalan en el campo huyendo de la ciudad, en busca de una vida sana o de un mayor contacto con la naturaleza. Otras son realmente negocios en forma de casas rurales, centros espirituales o granjas-escuela,pero aun así existen numerosos casos de ecoaldeas, que han conseguido perdurar en el tiempo, instalando numerosas familias y revirtiendo así las dinámicas demográficas regresivas, pese a tener todo en contra: falta de vivienda, de accesos, empleo, servicios, y en más de un caso y curiosamente, una férrea oposición por parte de administraciones
locales y autonómicas. El siguiente mapa muestra la localización de las principales ecoaldeas que a fecha de hoy han conseguido repoblar algunos puntos de la España
despoblada.

Principales proyectos de ecoaldea en España. Fuente: Elaboración Luis del Romero a partir de GEN (2018).

No se trata, como se puede observar, de dos o tres proyectos.Global Ecovillage Network, una organización mundial que reúne a miles de proyectos de ecoaldea en
los cinco continentes, sitúa a España como el segundo país del mundo en número de proyectos de ecoaldea inscritos, solo por detrás de Estados Unidos (GEN, 2018). Ya son miles las personas procedentes de grandes ciudades tanto en España como de muchos países europeos, que han encontrado en ese medio rural en crisis, abandonado y menospreciado, un proyecto de vida alternativo y duradero. No en vano, algunos proyectos de aldea como Lakabe en navarra, Matavenero en León o Artiborain en Huesca llevan décadas de vida y ya han pasado por ellas hasta tres generaciones distintas, pese a los numerosos problemas que conlleva un cambio radical de vida, desde la comodidad de la ciudad, al aislamiento social y geográfico de un remoto pueblo. No se trata aquí de ensalzar el modelo de ecoaldea, ni proponerlo como solución universal a la despoblación. De hecho, dentro del modelo de ecoaldea existen multitud de conflictos y limitaciones (DEL ROMERO, 2018b).

El movimiento de ecoaldeas que existe en España nos sirve simplemente como ejemplo para demostrar que la puesta en marcha de políticas y estrategias de repoblación no solo es posible, sino que es un hecho ya en multitud de municipios en los que si no fuese por estos nuevos habitantes, habrían cerrado muchas más escuelas, bares y comercios, y más de un municipio se habría quedado ya sin habitantes. Si este movimiento de ecoaldeas dialogase más con el conjunto de administraciones que dicen estar preocupadas por el problema de la despoblación, y se llegase a consensuar una estrategia de repoblación en formade Nueva Carta Puebla como se ha detallado en estas breves líneas, seguramente el efecto multiplicador conseguido podría llegar a revertir la situación de emergencia demográfica de municipios e incluso de comarcas enteras. No depende solo de un ecoaldea, un ayuntamiento, o ni siquiera de tal o cual gobierno autonómico, sino de la presión ciudadana que se continúe ejerciendo sobre administraciones públicas y empresas privadas, pero sobre todo de la acción conjunta de todos estos actores que acuerden llevar a cabo una política de repoblación del medio rural, como una más de las sucesivas que ha habido a lo largo de toda la historia de España.

Referencias:

Almerich, J.M. y Hernández-Dolz, A. (2007): Pobles abandonats. Els paisatges de l’oblit, Generalitat Valenciana, Valencia.
Cebrián, E. (2014): “La masia”. Mètode, 2014 – 48.
Checa, A. (2018): “Los pueblos valencianos se vacían”. En: LasProvincias. [on line] Disponible: https://www.lasprovincias.es/comunitat/pueblos-valencianos-vacian-20181030230638-nt.html# ns_campaign=lasprovincias&ns_mchannel=m-responsive&ns_source=noticias-relacionadas&ns_linkname=noticia.&ns_fee=0
[11/12/2018]. Del Romero L. (2018): Despoblación y abandono de la España rural.El imposible vencido. Tirant: Valencia.
Del Romero L. (2018b): Ecovillages in Spain: Searching an emancipatory
social transformation? Cogent Social Sciences, 2018, 4.Global ecovillage network (2018). What is an ecovillage? En línea: https://ecovillage.org/projects/what-is-an-ecovillage/
INE (2018): Padrón continuo de población. En línea: www.ine.es[20/12/2018].
Roncero E. (2003): “Habitar la muntanya”. En: Mètode 36, Hivern 2002/03.

Luis del Romero Renau.
Es Doctor en Geografía por la Universitat Autònoma de Barcelona con una tesis sobre planificación territorial durante el boom económico 1996-2007. Ha trabajado como investigador postdoctoral en la Universidad Laval y en la de Quebec en Montreal en Canadá y profesor visitante en la Universidad de Friburgo (Alemania), Universidad de
Chile y Universidad Católica de Temuco (Chile). Ha coordinado diferentes proyectos de investigación sobre conflictos territoriales, urbanos y ambientales ligados a la planificación urbanística y territorial en España, así como conflictos sobre el agua. Es uno de los fundadores de Recartografías. Combina su trabajo como profesor e
investigador con el proyecto de recuperación sostenible del pueblo de Mas Blanco



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